La ausencia de normas claras sobre el uso de herramientas digitales basadas en inteligencia artificial corre el riesgo de exponer a la administración pública de Rumanía a vulnerabilidades en la gestión de documentos internos. Quien planteó la cuestión fue el asesor presidencial Radu Burnete durante una conversación con el medio HotNews, explicando que muchos empleados estatales recurren a plataformas como ChatGPT o Claude para simplificar tareas ordinarias. La falta de un perímetro institucional uniforme genera incertidumbre sobre qué contenidos pueden subirse a la red.

Burnete aclaró que actualmente el país no dispone de un entorno protegido y centralizado destinado a la operatividad diaria de las oficinas públicas. Aunque los organismos fiscales o vinculados a la seguridad nacional ya utilizan sistemas aislados de la red para procesar datos sensibles, los funcionarios individuales tienden a adoptar soluciones individuales. Esta dinámica refleja la habitual rapidez con la que las personas integran nuevas tecnologías en comparación con los tiempos de respuesta de las instituciones estatales.

Para remediar esta fragmentación, la presidencia colabora con el Instituto Nacional de Administración y la Agencia Nacional de Funcionarios Públicos en la redacción de una guía sobre el uso de nuevas tecnologías, prevista para diciembre. El documento surge de una investigación realizada entre empleados públicos y de la comparación con las prácticas de otros países europeos, donde la tasa media de adopción empresarial alcanza el veinte por ciento frente al dato rumano inferior al diez.

El objetivo declarado es definir contratos con los grandes proveedores informáticos para garantizar la permanencia de la información dentro de las fronteras nacionales o en la Unión Europea. De este modo se pretende evitar que los diálogos operativos de los empleados se utilicen para entrenar modelos comerciales, creando un marco seguro que permita incrementar la productividad administrativa.