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El Tribunal Constitucional rumano, dividido por los atrasos salariales de los magistrados
El Tribunal Constitucional de Rumanía ha hecho públicas las motivaciones sobre la disputa de mil millones de euros entre el gobierno y la Alta Corte de Casación. La solicitud del ejecutivo fue rechazada por inadmisible por mayoría, mientras que cuatro jueces expresaron opiniones divergentes sobre los límites del poder judicial en materia presupuestaria.

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El Tribunal Constitucional de Rumanía ha publicado las motivaciones del veredicto del 7 de octubre con el que declaró inadmisible el recurso del entonces primer ministro Ilie Bolojan. Según informó el medio HotNews, la controversia se refería al presunto conflicto institucional entre el gobierno y la Alta Corte de Casación y Justicia en relación con el pago de atrasos salariales a los magistrados, estimados en unos cinco mil millones de lei, equivalentes a mil millones de euros.
La decisión de rechazar el recurso sin examinarlo en el fondo contó con el apoyo de una mayoría de cinco jueces: Gheorghe Stan, Cristian Deliorga, Bogdan Licu, Mihai Busuioc y Mihaela Ciochină. Según los cinco magistrados, el Tribunal Constitucional no puede transformarse en un órgano de reforma de las decisiones judiciales firmes, ya que esto excedería sus prerrogativas y violaría el orden fundamental y el Estado de derecho. El juez Csaba Asztalos expresó un voto particular concurrente recordando el deber de cooperación leal entre los poderes.
Divergentes fueron las posturas de los restantes miembros del pleno. La presidenta Simina Tănăsescu y el magistrado Dacian Dragoș redactaron un escrito separado sosteniendo la existencia de un conflicto constitucional. A su juicio, imponer al ejecutivo y al parlamento una rectificación del presupuesto mediante una resolución judicial vulnera la separación de poderes y genera un bloqueo institucional insubsanable.
También la jueza Laura Scântei expresó su disenso, considerando el recurso plenamente admisible. Según la magistrada, la independencia judicial no implica un control sobre el presupuesto nacional ni la facultad de sustituir al parlamento, señalando al mismo tiempo que el aplazamiento de los pagos no debe transformarse en una falta de ejecución permanente de los títulos ejecutivos establecidos por ley.
Fuentes y referencias
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