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Rumania, sanciones a dos jueces del caso Chițoiu: críticas a la transparencia del CSM
En Rumania genera debate la decisión disciplinaria del Consejo Superior de la Magistratura contra dos jueces del Tribunal de Apelación de Pitești. La exmagistrada Andrea Chiș cuestiona la falta de publicación de las motivaciones y pide un debate público sobre el papel de la defensa técnica en los procesos penales.

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La sección disciplinaria del Consejo Superior de la Magistratura de Rumania ha establecido medidas contra dos jueces del Tribunal de Apelación de Pitești, Ioan Fundăturiceanu y Costin Andrei Stancu. Los magistrados habían condenado en apelación al exministro Daniel Chițoiu a cuatro años de prisión con cumplimiento efectivo, endureciendo la pena inicial de tres años en suspenso. Según la reconstrucción divulgada por HotNews, el órgano de gobierno judicial cuestionó el haber motivado el agravamiento de la sanción basándose en la conducta procesal de los abogados defensores.
La decisión conllevó la degradación de Fundăturiceanu a la categoría de tribunal y la reducción del diez por ciento del salario durante un año para Stancu. Para el Consejo, un acusado no debe sufrir un trato punitivo peor debido a las iniciativas de los abogados, quienes habían presentado recusaciones, advertencias y solicitudes de pruebas. El órgano calificó el acto como una violación consciente de los principios penales fundamentales, precisando que la medida no es definitiva y sigue siendo recurrible ante la Alta Corte.
Sobre el asunto intervino la exintegrante del CSM Andrea Chiș, señalando una falta de transparencia institucional. Chiș destacó que no están accesibles al público ni la motivación de la sentencia de apelación ni el texto completo de la resolución disciplinaria, además de faltar detalles sobre el resultado numérico de las votaciones internas. Asimismo, la exmagistrada remarcó la ausencia de datos comparativos sobre los archivos acordados por la Inspección Judicial en casos similares.
Por último, Chiș llamó la atención sobre la protección constitucional del derecho a la defensa, sugiriendo la apertura de un debate sobre los límites y las prerrogativas de los abogados durante los procedimientos judiciales. La intervención busca aclarar el alcance de la libertad defensiva a la luz de los recientes reparos de los colegios de abogados.
Fuentes y referencias
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