En España han sido recuperados sesenta y nueve cuerpos tras una colisión ocurrida en la línea ferroviaria de alta velocidad al sur de Madrid, en la zona de Toledo. Según informó la cadena británica BBC News, el desastre se produce solo nueve meses después del accidente registrado cerca de Córdoba, que costó la vida a cuarenta y seis personas. El nuevo drama ha sacudido la confianza de la opinión pública en la seguridad de la red nacional de transportes.

El asunto adquiere una gran relevancia política ya que se produce a pocas semanas de las elecciones generales anticipadas convocadas por el presidente del gobierno Pedro Sánchez. La oposición del Partido Popular ha solicitado formalmente la dimisión del ministro de Transportes Óscar Puente, calificándola de una medida ética debida, mientras que el ejecutivo intenta frenar las críticas atribuyendo la responsabilidad de la tragedia a una cadena de errores humanos cometidos en la gestión operativa manual.

El ministro Puente rechazó la idea de dimitir, alegando querer esclarecer lo sucedido y defendiendo la eficiencia global del sistema de señalización LZB, aunque señaló que el mecanismo ha registrado ciento setenta fallos a lo largo del año. Según se ha reconstruido a partir de los elementos divulgados, un tren averiado habría recibido autorización para reiniciar la marcha hasta ciento sesenta kilómetros por hora a pesar de la presencia de un segundo convoy detenido en las vías.

El episodio agrava un contexto ya complejo para la formación socialista, marcado por tensiones previas relativas a los precios de la vivienda y cuestiones migratorias. Según expertos consultados por la cadena, los sondeos recientes ya indicaban una ventaja para las fuerzas de centro-derecha, mientras que la creciente insatisfacción popular amenaza con influir de forma decisiva en el resultado de la campaña electoral, provocando manifestaciones de protesta y temores generalizados entre los viajeros habituales.