La Fiscalía Europea ha abierto una segunda investigación por un presunto fraude relacionado con fondos de la Unión Europea destinados a la renovación de los sistemas de seguridad, señalización y comunicación de la línea ferroviaria Madrid-Sevilla. Según informó la cadena RTVE, la iniciativa partió de oficio tras el grave accidente ferroviario de Urda para comprobar la correcta gestión de la financiación comunitaria concedida a Madrid para el corredor sur.

Los investigadores de la UCO han llevado a cabo incautaciones de documentos en las sedes del gestor de infraestructuras Adif, de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y del Tribunal de Cuentas español. Adif confirmó que los requerimientos afectaban a los contratos de los sistemas de señalización y comunicación, precisando que ha ofrecido plena colaboración a los investigadores. La línea de alta velocidad ya había sido escenario de la catástrofe de Adamuz.

El núcleo de las comprobaciones se centra en la transición del antiguo sistema de control LZB al estándar europeo ERTMS, más moderno. Dicho contrato fue adjudicado en 2021 a la empresa Thales por un importe de 93,83 millones de euros con IVA, con una finalización de las obras prevista para principios de este año, frente a un accidente en Urda atribuible a un fallo informático del aparato LZB.

La investigación sobre los sistemas de seguridad se suma a la iniciada el pasado mes de marzo sobre 111 millones de euros de fondos europeos para el mantenimiento general del trazado, a raíz del descarrilamiento de Adamuz. Paralelamente, los juzgados ordinarios de Orgaz y Montoro continúan los procedimientos penales para determinar las responsabilidades individuales, mientras que la justicia comunitaria se centra en la protección de los intereses financieros de la Unión Europea.