El Tribunal Supremo español ha rechazado la solicitud de extender el bloqueo del voto a los hijos de quienes obtuvieron la nacionalidad mediante la normativa sobre descendientes. Unas ciento noventa mil personas podrán así expresar su preferencia en las consultas generales previstas para el veintinueve de noviembre. La solicitud cautelar, promovida por formaciones políticas y legales, fue desestimada por la sección cuarta del órgano judicial.

Según informó la emisora RTVE, los jueces motivaron la decisión subrayando el avanzado estado del calendario electoral. De hecho, faltan muy pocos días para la campaña y la apertura de las urnas en los consulados para los inscritos en el censo de residentes en el extranjero. Una revisión repentina de las listas en un lapso de tiempo tan estrecho habría comprometido la seguridad jurídica y la ordenada estabilidad de los procedimientos de votación.

Paralelamente, el tribunal mantuvo la suspensión del sufragio para más de ciento sesenta y tres mil beneficiarios directos de la ley de memoria democrática de 2022, excluyendo únicamente a aquellos que documentaron su descendencia de exiliados. El fallo sobre los hijos registró el voto particular en contra de un magistrado del tribunal y una nota concurrente, que disentía sobre algunas valoraciones relativas al impacto en el cuerpo electoral.

Fuentes del ejecutivo acogieron con agrado la desestimación de la medida hacia los descendientes, aun deseando la futura protección de todas las personas nacionalizadas. El gobierno expresó perplejidad ante los intentos de impugnar los mecanismos electorales consolidados, reiterando la fiabilidad del sistema de garantías democráticas que custodia las consultas públicas del país.