Durante las reuniones con los agentes sociales sobre el contenido de la ley de presupuestos, el ejecutivo confirmó la intención de revisar algunos puntos de la medida conocida como exit tax. Según informó el medio RaiNews, el ministro de Economía Giancarlo Giorgetti explicó a los participantes en la mesa que se están llevando a cabo análisis detallados sobre el mecanismo, aunque sin proporcionar detalles operativos inmediatos sobre las futuras correcciones parlamentarias.

La norma actual prevé un gravamen del veintiséis por ciento sobre las plusvalías, incluidas las latentes, para los contribuyentes con patrimonios financieros superiores a ochocientos mil euros residentes en Italia desde hace al menos seis años en la última década. Dentro de la mayoría se registran peticiones de modificación, entre ellas la hipótesis de elevar el umbral patrimonial a cinco millones de euros y excluir a quienes se acojan al régimen bonificado para nuevos residentes.

Otro tema central de los debates se refiere al llamado 'spalmacrediti', la medida que distribuye en diez años el uso de las deducciones vinculadas al Superbonus. Este planteamiento ha suscitado fuertes dudas tanto en el sector bancario como en el de la construcción, debido al fuerte impacto en la liquidez inmediata necesaria para pagar al personal y a los proveedores.

Al término de la cumbre en el Palazzo Chigi, los representantes de los constructores pidieron protecciones para las empresas que retuvieron los créditos fiscales empleando a numerosos trabajadores. La asociación sectorial también solicitó una dotación extraordinaria de más de mil millones de euros para contrarrestar el encarecimiento de los materiales y evitar la paralización de los trabajos en las obras.