Cinco Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos Alemania, Dinamarca, Austria, Grecia y los Países Bajos, han dado a conocer el proyecto de establecer una sede para los migrantes rechazados en Ruanda. La iniciativa, según informó Deutsche Welle, representaría el primer centro de expulsión de este tipo ubicado fuera del territorio comunitario.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó temores sobre los riesgos relativos a la salvaguarda de las personas trasladadas a un país sin vínculos directos con ellas. Paralelamente, la organización Pro Asyl criticó duramente el acuerdo, mientras que cuarenta y cinco organizaciones no gubernamentales de quince naciones impugnaron el alejamiento de los solicitantes del control público.

También en el seno de la mayoría del gobierno alemán han surgido fuertes dudas. Aunque el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, apoya la medida, el portavoz de política exterior de los socialdemócratas, Adid Ahmetovic, denunció las cuestiones críticas de la cooperación con las autoridades ruandesas, reiterando que los derechos fundamentales no pueden constituir moneda de cambio para acuerdos de expulsión.

El canciller austríaco, Christian Stocker, indicó el objetivo de poner en marcha el centro el próximo año, tras las modificaciones de las normativas europeas sobre repatriaciones. Fuentes diplomáticas precisan además que se prevé que el programa comience como una fase piloto para cerca de cien personas, con una cuota inicial equivalente a veinte individuos por cada uno de los cinco países participantes.