El Ministerio de Justicia albanés ha redactado y sometido a consulta pública un proyecto de ley especial sobre medidas procesales y protección de las personas que participan en la vida pública frente a procedimientos judiciales abusivos e infundados. Según informó la cadena de radiotelevisión RTSH, la iniciativa tiene como objetivo transponer íntegramente la Directiva europea 2024/1069 para combatir el fenómeno de las demandas estratégicas conocidas como SLAPP.

En la exposición de motivos del texto, los promotores destacan que tales acciones legales no persiguen la protección legítima de un derecho, sino que se utilizan para ejercer presión, intimidar u obstaculizar a quienes participan en el debate sobre temas de interés general. La normativa establece un ámbito de aplicación amplio que incluye a periodistas, representantes de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, investigadores y activistas, previendo su aprobación por una mayoría cualificada de tres quintos según el artículo 81 de la Constitución.

El articulado, compuesto por diecisiete disposiciones, introduce instrumentos específicos de defensa, entre ellos la tramitación prioritaria con resolución en un plazo de sesenta días y la posibilidad de que los jueces impongan al demandante una fianza anticipada para cubrir las costas judiciales. Los demandados podrán solicitar la desestimación temprana de las demandas manifiestamente infundadas, con la inversión de la carga de la prueba a cargo del demandante.

En caso de constatarse un abuso procesal, los tribunales podrán imponer sanciones económicas de 50.000 a 300.000 lekes, ordenar la indemnización por daños y perjuicios y rechazar el reconocimiento de resoluciones dictadas por terceros países. Durante las mesas de trabajo técnico participaron organizaciones profesionales y la Asociación de Periodistas de Albania para perfeccionar las normas.