La jornada de huelga general del 11 de noviembre ha dividido el panorama institucional español en vísperas del inicio de la campaña electoral. Según informó la cadena RTVE, los sindicatos convocaron la movilización para exigir salarios dignos y mejores condiciones en el acceso a la vivienda, desatando valoraciones opuestas entre las diferentes fuerzas parlamentarias del país.

Desde el ejecutivo, el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, definió como justos los motivos de la protesta, defendiendo el derecho a la vivienda y remarcando el papel sindical en las conquistas sociales. El representante gubernamental descartó además que el paro laboral fuera organizado como una iniciativa dirigida contra los partidos de la oposición.

De opinión contraria es el Partido Popular, cuyos dirigentes calificaron la abstención laboral como una maniobra política y preventiva de cara al futuro gobierno. El secretario general Miguel Tellado pidió respeto para los trabajadores no adheridos, mientras que Borja Sémper cuestionó el apoyo prestado por la administración estatal a la protesta. Para Vox, la movilización representa únicamente un instrumento guiado por el ejecutivo.

En el frente opuesto, las formaciones situadas a la izquierda de los socialistas aplaudieron la participación ciudadana. Representantes de Frente Amplio e Izquierda Unida hablaron de éxito de las manifestaciones, mientras que Podemos dirigió quejas hacia la actuación de las fuerzas del orden durante las intervenciones de control sobre los piquetes informativos desplegados en Madrid.