Las operaciones en la zona del grave accidente ferroviario ocurrido en Urda, en la provincia de Toledo, han visto la retirada de los últimos convoyes que permanecían bloqueados a lo largo de las vías. Según informó la emisora RTVE, los vagones fueron desalojados del lugar del desastre y trasladados a una instalación indicada por el juez responsable de las investigaciones para las evaluaciones técnicas.

El impacto provocó la muerte de sesenta y nueve personas y dio inicio a una investigación judicial para esclarecer las causas del suceso. Los vehículos ferroviarios trasladados serán sometidos a un análisis exhaustivo bajo la supervisión directa de la autoridad judicial competente, con el objetivo de determinar la dinámica del choque en las vías.

La tragedia ha desencadenado una relevante reacción institucional, que culminó con la comparecencia del ministro de Transportes Óscar Puente ante la Diputación Permanente del Congreso. A pesar de las críticas planteadas por la oposición y por fuerzas políticas socias de gobierno como Podemos, PNV y Frente Amplio, el ministro descartó dimitir manteniendo la confianza del jefe del ejecutivo.

Paralelamente, el ejecutivo español anunció el debate en el Consejo de Ministros de un paquete de intervenciones económicas extraordinarias destinado a las personas afectadas. Entre las medidas previstas figuran el adelanto de las indemnizaciones, el incremento de la cobertura del seguro obligatorio de viajeros y el reconocimiento de indemnizaciones específicas por incapacidad temporal destinadas a quienes resultaron heridos.