El tribunal de Florencia ha dispuesto la medida de administración judicial por una duración de un año respecto a dos conocidas empresas del sector de la moda toscana: Tessilform spa, propietaria de la marca Patrizia Pepe con sede en Campi Bisenzio, y Dixie srl de Signa. La decisión llegó a petición de la Fiscalía de Prato tras pesquisas sobre una cadena de suministro externa implicada en investigaciones por intermediación ilícita y explotación laboral.

Según informó RaiNews, las investigaciones llevadas a cabo por agentes de la Guardia di Finanza pusieron de manifiesto deficiencias de gestión y la presencia de empresas pantalla entre las entidades proveedoras. En los talleres subcontratistas se detectaron jornadas laborales extenuantes, retribuciones insuficientes, falta de concesión de descansos y contratación de personal irregular. Los jueces aclararon que los propietarios no sufrirán la privación de la posesión de sus bienes, sino que contarán con apoyo para corregir las relaciones contractuales viciadas y adoptar modelos organizativos idóneos.

La resolución judicial subraya que las empresas contratantes no concurrieron con dolo en los delitos imputados, sino que habrían facilitado culposamente tales conductas al omitir una vigilancia rigurosa y constante sobre la capacidad organizativa y sobre las condiciones contractuales de los proveedores empleados. La intervención busca romper los vínculos no conformes y prevenir posteriores irregularidades en la cadena de suministro.

Tessilform puntualizó su falta de responsabilidad penal respecto a los hechos investigados, recordando que la cúpula directiva mantiene la plena operatividad con el acompañamiento del funcionario designado. Sobre el caso también intervino Filctem Cgil Toscana, subrayando la necesidad de combatir cualquier forma de ilegalidad sin comprometer el empleo.